Blindaje: las condiciones que la Argentina debe cumplir

El Gobierno debe responder a una serie de pautas para acceder a la plata del paquete financiero. Las principales medidas son la reforma jubilatoria y la libre competencia entre prepagas y obras sociales.

20 diciembre, 2000

El Ministerio de Economía difundiría mañana (jueves 21) la lista de condiciones que debe cumplir la Argentina para acceder a los fondos del blindaje financiero.

Estos requisitos forman parte de la carta de intención que el Gobierno firmó con el Fondo Monetario Internacional.

Las pautas centrales, que la Argentina deberá respetar son:

· Reforma jubilatoria: el proyecto de ley fue enviado al Congreso, pero no sería tratado hasta febrero. No se descarta que el Gobierno lo saque por decreto en enero. Para José Luis Machinea esta reforma es “necesaria y perentoria”. El eje es la reducción de la garantía estatal de $ 200 en todas las jubilaciones futuras. Con el ahorro, se aseguraría una jubilación mínima de $ 300 y un aporte de $ 100 para las personas mayores de 75 años sin cobertura social. También impulsa mecanismos para alentar a las mujeres a permanecer más tiempo en actividad y jubilarse a los 65 años.

· Desregulación de obras sociales: a partir del 1° de enero de 2001 debe regir la libre competencia en el mercado de la medicina. En los próximos días estará lista la reglamentación del decreto que pone en marcha el nuevo sistema.

· Pacto fiscal con las provincias: ya fue acordado con los gobernadores y ratificado por el Congreso. Incluye el congelamiento del gasto público durante cinco años y el compromiso de discutir una nueva ley de coparticipación federal de impuestos.

· Presupuesto 2001: fue aprobado en los tiempos requeridos por el FMI, pero con cambios. Por eso, Machinea prometió el veto parcial de varios artículos: el 18 (la parte que abre la posibilidad de restituir el recorte salarial a los empleados públicos), el 45 (donde exime a las obras sociales de la obligación de pagar comisión a la DGI por el cobro de los aportes) y el 65 (referido a la deuda que mantiene el PAMI con el sistema de seguridad social).

· Metas de déficit fiscal: se acuerdan nuevas pautas para la administración del rojo de las cuentas públicas. Este año no podrá superar los $ 6.600 millones. Para el 2001 se fijó una meta de $ 6.500 millones. En el 2003 debe llegarse al equilibrio fiscal.

· Reforma del Estado: el Gobierno se compromete a enviar una ley al Congreso que fijará los criterios de una próxima reestructuración de organismos en la administración pública nacional. Así, insistirá con la propuesta que estaba en el artículo 58 del Presupuesto 2001 y que fue eliminado por los senadores.

· Seguridad social: se pondrá en marcha una reestructuración para bajar costos en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que es el organismo encargado de pagar las jubilaciones. Además, habrá cambios en el régimen de asignaciones familiares para evitar maniobras que generan sobrecostos de $ 200 millones anuales al Fisco.

· Política tributaria: se avanzará en la tercerización y privatización del control y recaudación de algunos impuestos. También se permitirá deducir de Ganancias las cuotas de los préstamos hipotecarios. Y se eliminará el tributo a los intereses.

El Ministerio de Economía difundiría mañana (jueves 21) la lista de condiciones que debe cumplir la Argentina para acceder a los fondos del blindaje financiero.

Estos requisitos forman parte de la carta de intención que el Gobierno firmó con el Fondo Monetario Internacional.

Las pautas centrales, que la Argentina deberá respetar son:

· Reforma jubilatoria: el proyecto de ley fue enviado al Congreso, pero no sería tratado hasta febrero. No se descarta que el Gobierno lo saque por decreto en enero. Para José Luis Machinea esta reforma es “necesaria y perentoria”. El eje es la reducción de la garantía estatal de $ 200 en todas las jubilaciones futuras. Con el ahorro, se aseguraría una jubilación mínima de $ 300 y un aporte de $ 100 para las personas mayores de 75 años sin cobertura social. También impulsa mecanismos para alentar a las mujeres a permanecer más tiempo en actividad y jubilarse a los 65 años.

· Desregulación de obras sociales: a partir del 1° de enero de 2001 debe regir la libre competencia en el mercado de la medicina. En los próximos días estará lista la reglamentación del decreto que pone en marcha el nuevo sistema.

· Pacto fiscal con las provincias: ya fue acordado con los gobernadores y ratificado por el Congreso. Incluye el congelamiento del gasto público durante cinco años y el compromiso de discutir una nueva ley de coparticipación federal de impuestos.

· Presupuesto 2001: fue aprobado en los tiempos requeridos por el FMI, pero con cambios. Por eso, Machinea prometió el veto parcial de varios artículos: el 18 (la parte que abre la posibilidad de restituir el recorte salarial a los empleados públicos), el 45 (donde exime a las obras sociales de la obligación de pagar comisión a la DGI por el cobro de los aportes) y el 65 (referido a la deuda que mantiene el PAMI con el sistema de seguridad social).

· Metas de déficit fiscal: se acuerdan nuevas pautas para la administración del rojo de las cuentas públicas. Este año no podrá superar los $ 6.600 millones. Para el 2001 se fijó una meta de $ 6.500 millones. En el 2003 debe llegarse al equilibrio fiscal.

· Reforma del Estado: el Gobierno se compromete a enviar una ley al Congreso que fijará los criterios de una próxima reestructuración de organismos en la administración pública nacional. Así, insistirá con la propuesta que estaba en el artículo 58 del Presupuesto 2001 y que fue eliminado por los senadores.

· Seguridad social: se pondrá en marcha una reestructuración para bajar costos en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que es el organismo encargado de pagar las jubilaciones. Además, habrá cambios en el régimen de asignaciones familiares para evitar maniobras que generan sobrecostos de $ 200 millones anuales al Fisco.

· Política tributaria: se avanzará en la tercerización y privatización del control y recaudación de algunos impuestos. También se permitirá deducir de Ganancias las cuotas de los préstamos hipotecarios. Y se eliminará el tributo a los intereses.

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