¿Blindaje financiero o social?
El Gobierno se apoya en el blindaje financiero; los gobernadores justicialistas preconizan el "blindaje social". Las urgencias electorales parecieran jugar su papel en la controversia.
El debate entre el Gobierno y los gobernadores del Justicialismo pareciera enclavado en la disyuntiva blindaje financiero o blindaje social.
Mientras el Poder Ejecutivo se lanza a la empresa de reactivar la economía y la demanda de empleo, mediante la apelación al blindaje financiero exterior, los mandatarios provinciales reclaman la prioridad para el llamado blindaje social.
Aunque no se conoce un plan claramente estructurado al respecto, la oposición peronista apuntaría, entre otras medidas, a la unificación a nivel nacional de los canales para la distribución de los planes de asistencia social de manera que sean controlados por las provincias y a prescindir de estructuras de gobierno que se duplicarían en renglones como educación, trabajo y desarrollo social.
Detrás de esta controversia, además de legítimas preocupaciones por al futuro del país, se vislumbra el cálculo político apuntado a las consecuencias que traería aparejadas una eventual sensación de fracaso de la política económica aplicada por José Luis Machinea.
Nadie duda entre los analistas de que de la marcha de esa política dependerá la consolidación del Gobierno o su caída electoral en el 2001.
Mientras Carlos Ruckauf proclamaba en el Consejo Federal de Inversiones el deseo de los mandatarios opositores de ayudar al Presidente, alguno de sus colegas se apresuraban a aclarar que a partir de ahora si la economía no reacciona la culpa será toda del oficialismo.
En una carta firmada por los mandatarios se propugna, asimismo, bajar el costo de los puestos políticos, perseguir a los grandes evasores, bajar la tasa de interés y reducir los impuestos.
Hubo práctica unanimidad en la reunión celebrada por los gobernadores el miércoles en Olivos con Fernando de la Rúa en reclamar a la Nación la posibilidad de que cada provincia negocie con el poder federal la mayor reducción posible de impuestos.
Como contraprestación, el primer mandatario logró la implícita aprobación de la firma del decreto destinado a aprobar el plan de obras públicas cuya concreción está destinada a señalar en las intenciones del Gobierno, el comienzo de una nueva etapa en su acción política.
El debate entre el Gobierno y los gobernadores del Justicialismo pareciera enclavado en la disyuntiva blindaje financiero o blindaje social.
Mientras el Poder Ejecutivo se lanza a la empresa de reactivar la economía y la demanda de empleo, mediante la apelación al blindaje financiero exterior, los mandatarios provinciales reclaman la prioridad para el llamado blindaje social.
Aunque no se conoce un plan claramente estructurado al respecto, la oposición peronista apuntaría, entre otras medidas, a la unificación a nivel nacional de los canales para la distribución de los planes de asistencia social de manera que sean controlados por las provincias y a prescindir de estructuras de gobierno que se duplicarían en renglones como educación, trabajo y desarrollo social.
Detrás de esta controversia, además de legítimas preocupaciones por al futuro del país, se vislumbra el cálculo político apuntado a las consecuencias que traería aparejadas una eventual sensación de fracaso de la política económica aplicada por José Luis Machinea.
Nadie duda entre los analistas de que de la marcha de esa política dependerá la consolidación del Gobierno o su caída electoral en el 2001.
Mientras Carlos Ruckauf proclamaba en el Consejo Federal de Inversiones el deseo de los mandatarios opositores de ayudar al Presidente, alguno de sus colegas se apresuraban a aclarar que a partir de ahora si la economía no reacciona la culpa será toda del oficialismo.
En una carta firmada por los mandatarios se propugna, asimismo, bajar el costo de los puestos políticos, perseguir a los grandes evasores, bajar la tasa de interés y reducir los impuestos.
Hubo práctica unanimidad en la reunión celebrada por los gobernadores el miércoles en Olivos con Fernando de la Rúa en reclamar a la Nación la posibilidad de que cada provincia negocie con el poder federal la mayor reducción posible de impuestos.
Como contraprestación, el primer mandatario logró la implícita aprobación de la firma del decreto destinado a aprobar el plan de obras públicas cuya concreción está destinada a señalar en las intenciones del Gobierno, el comienzo de una nueva etapa en su acción política.
