Berlusconi, en la mira por un conflicto de intereses
La autoridad antimonopólica italiana abrió investigaciones que involucran al primer ministro y su hermano, Paolo. Se relaciona con el financiamiento de decodificadores para la futura TV digital y denuncias de la oposición parlamentaria.
Se trata de las primeras indagaciones formales sobre conflicto de intereses que afectan al presidente del consejo, o sea al jefe del gobierno, Silvio Berlusconi. Las actuaciones se abrieron el jueves y van en vías de constituir todo un precedente jurídico y político. El sumario queda a cargo de Antonio Catracalà, magistrado con competencia en los casos de la autoridad antimonopólica.
La denuncia de la Unione (o sea, la alianza centroizquierdista) se vincula a incentivos pecuniarios a la compra de decodificadores de emisión para TV digital terrestre. El conflicto de intereses deriva de que Paolo Berlusconi, mediante la financiera PBF, controla Solaris.com, firma distribuidora en el país de decodificadores Amtrad. A la sazón, los presupuestos 2004-6 incluyen aportes públicos a la compra de esos dispositivos, en beneficio del grupo PBF, que detenta un virtual monopolio del negocio.
La partida de 2005, en particular, confirma los € 110 millones concedidos en 2004, pero –en vez de abarcar un conjunto de beneficiarios- los fondos van al bolsillo de Paolo, que también está vinculado a Mediaset, el oligopolio mediático familar que maneja Silvio. De acuerdo con la ley, existe conflicto de intereses si “un acto de gobierno otorga ventajas a parientes hasta el segundo grado o sociedades que éstos controlen”.
Berlusconi tiene varios procesos encima–desde 1996- por corromper jueces y falsificar estados contables, prescriptos por falta de acción (debida a magistrados venales) o en suspenso. En este caso, por la inmunidada temporal dictada por un parlamento cómplice en favor de Silvio. Ahora, surge otro problema político: al ser elegido hace algunos años, Berlusconi se comprometió a “liquidar los conflictos de intereses en cien días”.
Pasaron muchos, muchos más y, hace poco, el primer ministro forzó una reforma electorial orientada a no perder los próximos comicios, aunque los sondeos le sean por demás desfavorables. Obviamente –al igual que Carlos Ménem en su momento-, no quiere quedar sin protección ante una catarata de juicios. Pero su pésima imagen pública puede facilitar nuevas acciones penales y hasta su posible destitución.
Se trata de las primeras indagaciones formales sobre conflicto de intereses que afectan al presidente del consejo, o sea al jefe del gobierno, Silvio Berlusconi. Las actuaciones se abrieron el jueves y van en vías de constituir todo un precedente jurídico y político. El sumario queda a cargo de Antonio Catracalà, magistrado con competencia en los casos de la autoridad antimonopólica.
La denuncia de la Unione (o sea, la alianza centroizquierdista) se vincula a incentivos pecuniarios a la compra de decodificadores de emisión para TV digital terrestre. El conflicto de intereses deriva de que Paolo Berlusconi, mediante la financiera PBF, controla Solaris.com, firma distribuidora en el país de decodificadores Amtrad. A la sazón, los presupuestos 2004-6 incluyen aportes públicos a la compra de esos dispositivos, en beneficio del grupo PBF, que detenta un virtual monopolio del negocio.
La partida de 2005, en particular, confirma los € 110 millones concedidos en 2004, pero –en vez de abarcar un conjunto de beneficiarios- los fondos van al bolsillo de Paolo, que también está vinculado a Mediaset, el oligopolio mediático familar que maneja Silvio. De acuerdo con la ley, existe conflicto de intereses si “un acto de gobierno otorga ventajas a parientes hasta el segundo grado o sociedades que éstos controlen”.
Berlusconi tiene varios procesos encima–desde 1996- por corromper jueces y falsificar estados contables, prescriptos por falta de acción (debida a magistrados venales) o en suspenso. En este caso, por la inmunidada temporal dictada por un parlamento cómplice en favor de Silvio. Ahora, surge otro problema político: al ser elegido hace algunos años, Berlusconi se comprometió a “liquidar los conflictos de intereses en cien días”.
Pasaron muchos, muchos más y, hace poco, el primer ministro forzó una reforma electorial orientada a no perder los próximos comicios, aunque los sondeos le sean por demás desfavorables. Obviamente –al igual que Carlos Ménem en su momento-, no quiere quedar sin protección ante una catarata de juicios. Pero su pésima imagen pública puede facilitar nuevas acciones penales y hasta su posible destitución.
