Atanasof: “Los aumentos de las tarifas son mínimos”
El jefe de Gabinete afirmó que los aumentos dispuestos para las tarifas de luz y gas "son muy pequeños" y fueron resueltos "al sólo efecto de poder mantener la calidad en la prestación de los servicios".
El funcionario sostuvo que “son ajustes mínimos si uno los
compara con las variaciones que han tenido otras cosas” en el
último año, y recordó que los incrementos representarán “un
aumento en promedio de 1,47 pesos por mes para el gas y 2,50
pesos para el servicio de electricidad”.
En declaraciones radiales formuladas esta mañana, Atanasof
señaló además que “por el momento este es el aumento previsto”,
descartando de esa manera eventuales incrementos en el futuro
inmediato, y dijo que “esto no responde ni de lejos a la demanda
de las empresas, que pedían aumentos mucho más elevados”.
“Después de 13 meses de dificultades, con una devaluación del
250 por ciento y una inflación que supera el 40 por ciento,
estamos comenzando a hablar del aumento tarifario”, dijo
Atanasof, quien además insistió en que algunas empresas “están
diciendo que esto resiente la calidad del servicio”.
En ese sentido, el funcionario remarcó: “Lo primero que se
hizo fue establecer uan tarifa social para que aquellos que
tienen los menores ingresos no van a participar de ningún proceso
de ajuste tarifario”.
“Casi la mitad de los usuarios no tienen motivo de
preocupación porque no va a haber ningún aumento tarifario para
ellos”, señaló Atanasof, recordando la implementación de la
denominada “tarifa social”.
Para el resto, Atanasof insistió en señalar que se trata de
“ajustes mínimos si uno los compara con las variaciones que han
tenido otras cosas” durante los últimos meses.
En ese marco, el funcionario afirmó que “es necesario mantener
la calidad de los servicios que hoy tenemos”, y recordó que “los
trabajadores del sector privado han tenido dos ajustes salariales
por estos días, y en el caso del sector púbico se ha tomado la
decisión de restituirle el 13 por ciento” que se les venía
descontando a los agentes estatales desde mediados de 2001 y
hasta fines de 2002.
“Los aumentos son muy pequeños y al sólo efecto de poder
mantener la calidad en la prestación de los servicios y para que
no se resientan”, remarcó el funcionario.
En la víspera, el presidente Eduardo Duhalde firmó finalmente
el decreto que aumenta las tarifas de gas y electricidad a cuenta
de la renegociación de los contratos con las concesionarias, y
ahora se viene otra batalla judicial con las entidades de defensa
del consumidor y los usuarios.
El esquema de incrementos establecido por el Gobierno en el
decreto 146/2003 es de 7,2 por ciento para el gas, y del 9 por
ciento para la luz, calcado de otro que se había intentado
aplicar en noviembre del año pasado y fue trabado por la
Justicia.
El Gobierno sostuvo, a través del vocero presidencial, Luis
Verdi, que este nuevo decreto “garantiza la continuidad de las
fuentes de trabajo y la calidad de los servicios” y, en
particular, protege a “los sectores más carenciados”.
“Esperamos ahora que este aumento quede firme y esto despeje
el camino hacia las audiencias públicas, que son el marco de
discusión y renegociación de los contratos con las empresas”,
había consignado Verdi, en declaraciones formuladas en la
víspera.
Las empresas de servicios públicos venían reclamando aumentos
para hacer frente a los incrementos en sus costos, pero por ahora
el ajuste sólo le tocó a la electricidad y el gas.
En cambio, el resto de los servicios, como teléfonos y agua,
deberán esperar un poco más para que el Gobierno saque los
aumentos.
El gobierno espera que este aumento sea aceptado esta vez por
la Justicia, porque tiene como respaldo un decreto de necesidad y
urgencia firmado la semana última por el Ejecutivo, mediante el
cual se le restituyó la potestad de introducir modificaciones en
el cuadro tarifario.
Este nuevo decreto ya fue cuestionado ante la Justicia por el
Defensor del Pueblo de Nación y otras entidades, y ahora la
Justicia deberá expedirse.
El funcionario sostuvo que “son ajustes mínimos si uno los
compara con las variaciones que han tenido otras cosas” en el
último año, y recordó que los incrementos representarán “un
aumento en promedio de 1,47 pesos por mes para el gas y 2,50
pesos para el servicio de electricidad”.
En declaraciones radiales formuladas esta mañana, Atanasof
señaló además que “por el momento este es el aumento previsto”,
descartando de esa manera eventuales incrementos en el futuro
inmediato, y dijo que “esto no responde ni de lejos a la demanda
de las empresas, que pedían aumentos mucho más elevados”.
“Después de 13 meses de dificultades, con una devaluación del
250 por ciento y una inflación que supera el 40 por ciento,
estamos comenzando a hablar del aumento tarifario”, dijo
Atanasof, quien además insistió en que algunas empresas “están
diciendo que esto resiente la calidad del servicio”.
En ese sentido, el funcionario remarcó: “Lo primero que se
hizo fue establecer uan tarifa social para que aquellos que
tienen los menores ingresos no van a participar de ningún proceso
de ajuste tarifario”.
“Casi la mitad de los usuarios no tienen motivo de
preocupación porque no va a haber ningún aumento tarifario para
ellos”, señaló Atanasof, recordando la implementación de la
denominada “tarifa social”.
Para el resto, Atanasof insistió en señalar que se trata de
“ajustes mínimos si uno los compara con las variaciones que han
tenido otras cosas” durante los últimos meses.
En ese marco, el funcionario afirmó que “es necesario mantener
la calidad de los servicios que hoy tenemos”, y recordó que “los
trabajadores del sector privado han tenido dos ajustes salariales
por estos días, y en el caso del sector púbico se ha tomado la
decisión de restituirle el 13 por ciento” que se les venía
descontando a los agentes estatales desde mediados de 2001 y
hasta fines de 2002.
“Los aumentos son muy pequeños y al sólo efecto de poder
mantener la calidad en la prestación de los servicios y para que
no se resientan”, remarcó el funcionario.
En la víspera, el presidente Eduardo Duhalde firmó finalmente
el decreto que aumenta las tarifas de gas y electricidad a cuenta
de la renegociación de los contratos con las concesionarias, y
ahora se viene otra batalla judicial con las entidades de defensa
del consumidor y los usuarios.
El esquema de incrementos establecido por el Gobierno en el
decreto 146/2003 es de 7,2 por ciento para el gas, y del 9 por
ciento para la luz, calcado de otro que se había intentado
aplicar en noviembre del año pasado y fue trabado por la
Justicia.
El Gobierno sostuvo, a través del vocero presidencial, Luis
Verdi, que este nuevo decreto “garantiza la continuidad de las
fuentes de trabajo y la calidad de los servicios” y, en
particular, protege a “los sectores más carenciados”.
“Esperamos ahora que este aumento quede firme y esto despeje
el camino hacia las audiencias públicas, que son el marco de
discusión y renegociación de los contratos con las empresas”,
había consignado Verdi, en declaraciones formuladas en la
víspera.
Las empresas de servicios públicos venían reclamando aumentos
para hacer frente a los incrementos en sus costos, pero por ahora
el ajuste sólo le tocó a la electricidad y el gas.
En cambio, el resto de los servicios, como teléfonos y agua,
deberán esperar un poco más para que el Gobierno saque los
aumentos.
El gobierno espera que este aumento sea aceptado esta vez por
la Justicia, porque tiene como respaldo un decreto de necesidad y
urgencia firmado la semana última por el Ejecutivo, mediante el
cual se le restituyó la potestad de introducir modificaciones en
el cuadro tarifario.
Este nuevo decreto ya fue cuestionado ante la Justicia por el
Defensor del Pueblo de Nación y otras entidades, y ahora la
Justicia deberá expedirse.
