Artana: “Hay que encarar una reforma urgente”
El director de Fiel afirma que es necesaria una reforma del Estado que reduzaca gastos en base a una redistribución de recursos y focalización de las acciones que lleva a cabo.
El reconocido economista, director de Fiel, afirma en un artículo de su autoría publicado en el diario La Nación, que al analizar el gasto del sector público argentino se debe incluir el que corresponde a los tres niveles de gobierno y sumar algunos gastos que no figuran en los presupuestos tales como los que realizan las obras sociales para empleados del Estado o el total de pagos a jubilados de las cajas provinciales no transferidas.
Estas correcciones las realiza en forma periódica el Ministerio de Economía y permiten obtener la mejor estimación del gasto público argentino.
En base a estas cifras se puede observar lo siguiente:
· El gasto público total ascendería en el año 2.000 a alrededor de $ 93.000 millones. De ese total $ 10.700 millones son intereses de la deuda pública (algo más de 11%).
· El resto se divide en gastos de funcionamiento del Estado por $ 17.000 millones (administración general, Justicia y seguridad),$ 5.900 millones en inversión pública y $ 59.400 millones en gasto social que absorbe.
· Dentro del gasto social los pagos a jubilados y pensionados absorben $ 22.500 millones, la educación $ 13.700 millones, los gastos en salud y obras sociales $ 13.400 millones.
· El resto se reparte entre vivienda, promoción social, seguro de desempleo, asignaciones familiares y otros gastos menores.
· En el período 1992-2000 el gasto primario de los tres niveles de gobierno (excluyendo los pagos de intereses) aumentó en $ 22.000 millones.
· El aumento de gasto primario es muy marcado hasta 1996 (pasa de $ 60.800 a $ 77.100 millones), y se modera desde 1996 hasta el presente. Pero en los últimos cuatro años, mientras el gobierno nacional mantenía constante su gasto primario, las provincias lo aumentaron en $ 4.200 millones y los municipios en $ 1.200 millones.
Según Artana esto sucedió porque los gobiernos provinciales y municipales “han ignorado que la crisis externa que enfrenta la Argentina ha empobrecido el país, y gastan más de lo que erogaban en períodos de buenos precios de exportación, una relación cambiaria favorable con Brasil y Europa y mercados de capitales que financiaban a tasas bajas a los países emergentes”.
“Ese mayor gasto—continúa el autor— ha sido financiado en parte con mayor recaudación y en parte con más endeudamiento, aumentando el riesgo país”.
Tal vez, otro punto a tener en cuenta, para sumarlo al análisis que hace Artana es que, en el período que él menciona (des 1996 a la fecha) ha habido un importante traspaso de funciones y competencias del Estado nacional a los gobiernos locales.
El autor continúa su artículo afirmando que, el gasto que el Estado realiza en programas sociales y justicia no produce efectos benéficos que sean percibidos por la sociedad debido a un importante derroche de recursos.
“Por un lado—continúa el economista— el diseño de muchos programas es ineficiente y ello reduce el potencial de cada peso gastado…además, el diseño de muchos programas favorece la corruptela y la politiquería”.
Finalmente, señala Artana el Estado argentino carece de focalización; brinda algunos servicios gratuitos no solamente a personas de bajos ingresos sino también a gente de altos recursos.
Como corolario y síntesis de su artículo, el director de Fiel concluye en que urge realizar una reforma del Estado a fondo, que reduzca el gasto público a un nivel acorde con el esfuerzo que ha realizado el sector privado para responder al desafío de competitividad que ha debido enfrentar la Argentina.
Al mismo tiempo, esa reforma debería introducir las instituciones adecuadas para aumentar la eficiencia en la gestión estatal, eliminar los subsidios a los ricos y las prebendas de la dirigencia política.
El reconocido economista, director de Fiel, afirma en un artículo de su autoría publicado en el diario La Nación, que al analizar el gasto del sector público argentino se debe incluir el que corresponde a los tres niveles de gobierno y sumar algunos gastos que no figuran en los presupuestos tales como los que realizan las obras sociales para empleados del Estado o el total de pagos a jubilados de las cajas provinciales no transferidas.
Estas correcciones las realiza en forma periódica el Ministerio de Economía y permiten obtener la mejor estimación del gasto público argentino.
En base a estas cifras se puede observar lo siguiente:
· El gasto público total ascendería en el año 2.000 a alrededor de $ 93.000 millones. De ese total $ 10.700 millones son intereses de la deuda pública (algo más de 11%).
· El resto se divide en gastos de funcionamiento del Estado por $ 17.000 millones (administración general, Justicia y seguridad),$ 5.900 millones en inversión pública y $ 59.400 millones en gasto social que absorbe.
· Dentro del gasto social los pagos a jubilados y pensionados absorben $ 22.500 millones, la educación $ 13.700 millones, los gastos en salud y obras sociales $ 13.400 millones.
· El resto se reparte entre vivienda, promoción social, seguro de desempleo, asignaciones familiares y otros gastos menores.
· En el período 1992-2000 el gasto primario de los tres niveles de gobierno (excluyendo los pagos de intereses) aumentó en $ 22.000 millones.
· El aumento de gasto primario es muy marcado hasta 1996 (pasa de $ 60.800 a $ 77.100 millones), y se modera desde 1996 hasta el presente. Pero en los últimos cuatro años, mientras el gobierno nacional mantenía constante su gasto primario, las provincias lo aumentaron en $ 4.200 millones y los municipios en $ 1.200 millones.
Según Artana esto sucedió porque los gobiernos provinciales y municipales “han ignorado que la crisis externa que enfrenta la Argentina ha empobrecido el país, y gastan más de lo que erogaban en períodos de buenos precios de exportación, una relación cambiaria favorable con Brasil y Europa y mercados de capitales que financiaban a tasas bajas a los países emergentes”.
“Ese mayor gasto—continúa el autor— ha sido financiado en parte con mayor recaudación y en parte con más endeudamiento, aumentando el riesgo país”.
Tal vez, otro punto a tener en cuenta, para sumarlo al análisis que hace Artana es que, en el período que él menciona (des 1996 a la fecha) ha habido un importante traspaso de funciones y competencias del Estado nacional a los gobiernos locales.
El autor continúa su artículo afirmando que, el gasto que el Estado realiza en programas sociales y justicia no produce efectos benéficos que sean percibidos por la sociedad debido a un importante derroche de recursos.
“Por un lado—continúa el economista— el diseño de muchos programas es ineficiente y ello reduce el potencial de cada peso gastado…además, el diseño de muchos programas favorece la corruptela y la politiquería”.
Finalmente, señala Artana el Estado argentino carece de focalización; brinda algunos servicios gratuitos no solamente a personas de bajos ingresos sino también a gente de altos recursos.
Como corolario y síntesis de su artículo, el director de Fiel concluye en que urge realizar una reforma del Estado a fondo, que reduzca el gasto público a un nivel acorde con el esfuerzo que ha realizado el sector privado para responder al desafío de competitividad que ha debido enfrentar la Argentina.
Al mismo tiempo, esa reforma debería introducir las instituciones adecuadas para aumentar la eficiencia en la gestión estatal, eliminar los subsidios a los ricos y las prebendas de la dirigencia política.
