Anulan las leyes de Punto Final y Obediencia Debida

Es un fallo del juez federal Cavallo, quien consideró que las normas son anticonstitucionales. "El gobierno no va a hacer nada", afirmó Jaunarena. Según Verbitsky, la decisión podría afectar a 10% de los oficiales en actividad.

6 marzo, 2001

(DYN) – El juez federal Gabriel Cavallo anuló hoy (martes 6) las leyes de amnistía denominadas Punto Final y Obediencia Debida, en una causa que investiga la desaparición de un matrimonio y su hija de ocho meses durante la dictadura militar.

En un fallo conocido este mediodía en los tribunales de Retiro, el magistrado dictó la “inconstitucionalidad e invalidez” de ambas normas que habían sido aprobadas en 1986 y 1987 durante la gestión de Raúl Alfonsín y cuando Horacio Jaunarena ocupaba, como ahora, el ministerio de Defensa.

Por su parte, Jaunarena aseguró que el gobierno “no va a hacer nada” ante el fallo judicial. “No voy a emitir opinión sobre una decisión judicial porque podría interpretarse como una presión de mi parte”, sostuvo Jaunarena, no obstante, horas antes, al ser entrevistado por radio Mitre, estimó que “no sería saludable” que “volviera a tornarse indefinida la situación de muchas personas”, aunque destacó que “lo mejor” para la sociedad argentina sería que se “esclarezcan definitivamente las responsabilidades”.

Al ser consultado por la prensa en la Casa de Gobierno, que le pidió una opinión personal, el ministro dijo creer que ambas leyes “son constitucionales” al sostener que fueron sancionadas por el Parlamento.

Tampoco opinó sobre qué podría hacer la Corte Suprema de Justicia en el caso de que el expediente llegue a ese máximo tribunal.

En tanto, la titular de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Nora Cortiñas, celebró la decisión de Cavallo y consideró que “estas leyes, además de inconstitucionales, son inmorales”.

“No nos explicamos cómo pudieron dictarse para los crímenes horrendos que ocurrieron en nuestro país”, señaló Cortiñas.

En declaraciones al canal de cable TodoNoticias, la dirigente indicó que “esto marca un camino que va a ser largo, difícil. Va a ser difícil volver a abrir caso por caso. Esto es por un solo caso, pero se sienta jurisprudencia. Esperamos que la Corte Suprema redondee este dictamen”.

También se refirió con satisfacción ante el dictamen, el titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Horacio Verbitsky, quien argumentó que “nos parece una decisión muy importante porque termina con la era de la impunidad”.

Verbitsky aclaró que no puede determinar cuantos militares podrían ser afectados en el futuro por resoluciones similares de otros jueces, aunque aclaró que “90% de los oficiales en actividad no tiene nada que temer” por esa resolución.

Explicó que “en 1984, cuando empezaron los juicios, 90% de las personas que participaron en estos grados de delitos seguían en actividad en las Fuerzas Armadas y hoy 90% de los actuales oficiales de las Fuerzas Armadas no tuvieron ninguna participación y no tienen nada que temer”.

“La duda –dijo– está en 10% restante que son los generales, coroneles y el tramo de los tenientes coroneles más antiguos, pero esto no quiere decir que todos ellos sean culpables o puedan ser acusados, de ninguna manera”.

(DYN) – El juez federal Gabriel Cavallo anuló hoy (martes 6) las leyes de amnistía denominadas Punto Final y Obediencia Debida, en una causa que investiga la desaparición de un matrimonio y su hija de ocho meses durante la dictadura militar.

En un fallo conocido este mediodía en los tribunales de Retiro, el magistrado dictó la “inconstitucionalidad e invalidez” de ambas normas que habían sido aprobadas en 1986 y 1987 durante la gestión de Raúl Alfonsín y cuando Horacio Jaunarena ocupaba, como ahora, el ministerio de Defensa.

Por su parte, Jaunarena aseguró que el gobierno “no va a hacer nada” ante el fallo judicial. “No voy a emitir opinión sobre una decisión judicial porque podría interpretarse como una presión de mi parte”, sostuvo Jaunarena, no obstante, horas antes, al ser entrevistado por radio Mitre, estimó que “no sería saludable” que “volviera a tornarse indefinida la situación de muchas personas”, aunque destacó que “lo mejor” para la sociedad argentina sería que se “esclarezcan definitivamente las responsabilidades”.

Al ser consultado por la prensa en la Casa de Gobierno, que le pidió una opinión personal, el ministro dijo creer que ambas leyes “son constitucionales” al sostener que fueron sancionadas por el Parlamento.

Tampoco opinó sobre qué podría hacer la Corte Suprema de Justicia en el caso de que el expediente llegue a ese máximo tribunal.

En tanto, la titular de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Nora Cortiñas, celebró la decisión de Cavallo y consideró que “estas leyes, además de inconstitucionales, son inmorales”.

“No nos explicamos cómo pudieron dictarse para los crímenes horrendos que ocurrieron en nuestro país”, señaló Cortiñas.

En declaraciones al canal de cable TodoNoticias, la dirigente indicó que “esto marca un camino que va a ser largo, difícil. Va a ser difícil volver a abrir caso por caso. Esto es por un solo caso, pero se sienta jurisprudencia. Esperamos que la Corte Suprema redondee este dictamen”.

También se refirió con satisfacción ante el dictamen, el titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Horacio Verbitsky, quien argumentó que “nos parece una decisión muy importante porque termina con la era de la impunidad”.

Verbitsky aclaró que no puede determinar cuantos militares podrían ser afectados en el futuro por resoluciones similares de otros jueces, aunque aclaró que “90% de los oficiales en actividad no tiene nada que temer” por esa resolución.

Explicó que “en 1984, cuando empezaron los juicios, 90% de las personas que participaron en estos grados de delitos seguían en actividad en las Fuerzas Armadas y hoy 90% de los actuales oficiales de las Fuerzas Armadas no tuvieron ninguna participación y no tienen nada que temer”.

“La duda –dijo– está en 10% restante que son los generales, coroneles y el tramo de los tenientes coroneles más antiguos, pero esto no quiere decir que todos ellos sean culpables o puedan ser acusados, de ninguna manera”.

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