Análisis especializado del CIPPEC: los números no cierran

En conclusión, si bien el uso de las retenciones permitiría otorgar
mayor grado de libertad a las autoridades para incrementar el nivel de gasto
por encima del proyectado originalmente en el Presupuesto, los mayores ingresos
derivados de la modificación de los derechos de exportación no
serían suficientes para garantizar 3% de superávit fiscal en un
escenario donde el gasto público crezca a la misma tasa que en 2007.

Un equipo de economistas integrado por Ariel Dvoskin, Germán Feldman,
Laura Malajovich y Federico Marongin elaboró para el Centro de Implementación
de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento ( (CIPPEC)
un exhaustivo análisis del proyecto presentado al Congreso Nacional a
fines de septiembre pasado y que se trató en la Cámara de Diputados.

Y rescata en principio las prioridades de política pública del
gobierno para el próximo año, a la vez que refleja la visión
del Estado Nacional sobre la futura situación macroeconómica:

Los datos salientes son:
· Al igual que en años anteriores, el gobierno subestima el crecimiento
económico y la inflación.
· Se registra un fuerte aumento de las erogaciones en servicios económicos.
· Si el gasto creciera al ritmo de 2007, los recursos deberían
incrementarse sensiblemente para alcanzar la meta de superávit primario
de 3% del Producto Bruto Interno (PBI).

Según estimaciones oficiales, los recursos totales de la Administración
Pública Nacional (APN) fueron aumentados $25.016 millones respecto al
año anterior (17,3% en términos nominales y 9,3% en términos
reales, es decir, descontado el efecto de la inflación).

El gasto primario (es decir, sin incluir el pago de intereses de la deuda pública)
proyectado para 2008 es de $142.417,2 millones, un incremento nominal de 16,2%
y real de 8,3%. De este modo, el resultado primario de la Administración
Pública Nacional en 2008 sería de $27.045,6 millones, equivalente
a 3% del PIB, mientras que para 2007 se prevé que será de 2,8%
del PBI.

Vale la pena resaltar que el incremento de recursos presupuestado para 2008
resulta ser mayor si se tiene en cuenta que en 2007 se produjo un ingreso extraordinario
producto del traspaso de fondos privados desde la AFJPs a las Cajas Previsionales
del Estado. Según estimaciones privadas, dichos recursos representarían
0,9% del producto.

Proyecciones macroeconómicas

Las proyecciones presentadas por el gobierno plantean un escenario de desaceleración
del crecimiento económico característico de los últimos
años (4% en 2008) y una inflación moderada (7,3%), no sólo
situada debajo de los dos dígitos sino también inferior a la registrada
en los últimos dos años (12,3% en 2005 y 9,8% en 2006).

Con la subestimación de la evolución de las variables macro (y
con ello de los recursos), el gobierno buscaría -al igual que en los
años anteriores- contar con mayor discrecionalidad en la asignación
del gasto, toda vez que aquellos recursos que no se proyectan inicialmente en
el Presupuesto, en la práctica, el Poder Ejecutivo Nacional termina asignándolos
a través de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), sin pasar por un
debate parlamentario.

Los proyectos de Ley de Presupuesto enviados por el Poder Ejecutivo al Congreso
para su aprobación entre 2003 y 2007 han subestimado repetidamente las
proyecciones de crecimiento del PIB y las correspondientes a la variación
del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo cual repercute directamente
en la estimación realizada de los ingresos provenientes de la recaudación
de impuestos e ingresos de la Seguridad Social.

Se estima que para 2008 la subestimación de las variables macroeconómicas
dejaría unos $10.000 millones de libre disponibilidad para el Poder Ejecutivo
Nacional. Si a ello se agregan los $8.000 millones producto de los incrementos
en las alícuotas de las retenciones a las exportaciones de combustibles,
se concluye que el gobierno contará con cerca de $20.000 millones para
asignar discrecionalmente.

Excepto en el 2003, donde la subestimación del crecimiento proyectado
fue más que compensado por la sobrestimación de la inflación,
cada año los ingresos estimados han sido menores a los que finalmente
terminaron verificándose.

La recaudación de los ocho primeros meses del año 2007 es equivalente
a más de 75% del monto proyectado para todo el año. Estos montos
superiores a los previamente presupuestados permiten posteriormente destinar
una parte (una vez neteados los montos que se detraen automáticamente,
por ejemplo, para las provincias en concepto de coparticipación federal
de impuestos y para el régimen de Seguridad Social) a financiar mayores
gastos o a incrementar el superávit fiscal.

El problema reside en que estas decisiones pueden tomarse de manera discrecional
(por ejemplo a través de DNUs). Si se suman los montos recaudados por
encima de lo originalmente presupuestado y se les detraen los montos correspondientes
a provincias y Seguridad Social (que son entre un 50 y un 55% del total, de
acuerdo con el año que se analice) puede sostenerse que quedaron casi
$40.000 millones durante este período con libre asignación. Si
a esto agregamos los datos de 2008, estaríamos cerca de los $60.000 millones
para todo el período 2003-2008.

Principales cambios

Los recursos totales de la Administración Pública Nacional, medida
en términos del PIB, aumenta levemente respecto de 2007 (18,8% contra
18,4%), mientras que el gasto total en el mismo nivel de gobierno se estima
en 17,9% del PIB. Así, el resultado primario esperado por el gobierno
nacional5 es de 3% del PIB, mientras que el superávit financiero (que
incluye además el pago de intereses de la deuda pública) se pronostica
en 0,9%. Ambos superávits reflejan un incremento interanual del 0,2pp.
del producto, en tanto el pago de intereses se mantiene constante.
Si se analiza la estructura del gasto, es posible apreciar que la finalidad
que registra una variación positiva mayor es la que comprende a los Servicios
Sociales. Si bien presenta un aumento agregado real de 9%, evidencia fuertes
oscilaciones en sus respectivas funciones: se proyecta una caída de 14,4%
en Trabajo explicado esencialmente por el traspaso del Plan Jefas y Jefes de
Hogares al Plan Familias por la Inclusión Social (en Promoción
y Asistencia Social). En cambio, vio incrementada su partida el gasto en Seguridad
Social (+8,4%), producto de los aumentos de las jubilaciones. Cabe destacar
que si bien a primera vista los incrementos en Educación y Salud pueden
parecer importantes (17,5% y 9,3% respectivamente), dichos aumentos deben relativizarse,
dado que la magnitud del gasto total ejecutado por la Nación es pequeño,
debido a la descentralización de dichas funciones en las provincias.

En el caso de los Servicios Económicos (principalmente Energía
y Transporte), presentan el menor incremento relativo, lo cual se debe a que
durante el 2007 se realizaron importantes incrementos en el gasto de esos rubros,
incorporados al momento de elaborar el Presupuesto 2008. En este sentido, si
nos concentramos en el gasto en Energía, como resultado del actual cuello
de botella en dicho sector, el gobierno nacional reforzará las inversiones
y transferencias al sector privado con el objetivo de incrementar la capacidad
productiva en el mediano plazo y evitar los incrementos de precios en el corto
plazo. Como consecuencia de ello, se prevé un aumento del gasto de 13,3%
en términos nominales y 5,4% en términos reales. A modo de resumen,
puede apreciarse que la estructura general del gasto se mantiene muy similar
a la de 2007.

En dónde poner la lupa

Una de las principales herramientas utilizadas por el Estado para impulsar
sus políticas de redistribución del ingreso y de la reconstitución
de la infraestructura durante los últimos años, los fondos fiduciarios,
no está incluida en el Presupuesto de la Administración Nacional6.

Los fondos fiduciarios públicos aumentaron no sólo en cantidad
sino en el presupuesto que manejan. Desde 1994 hasta la fecha se crearon 16
fondos, 8 de los cuales fueron implementados entre 2000 y 2002. A su vez, entre
2001 y 2008 sus gastos se incrementaron en más de 6000%.

El crecimiento estuvo principalmente asociado con la necesidad de recomponer
los ingresos de los sectores más marginados por medio del otorgamiento
de subsidios y la inversión en bienes de capital para infraestructura.
Los principales fondos son: Infraestructura de Transporte; Hídrico; Desarrollo
Provincial y Transporte Eléctrico Federal.

La evolución de estos fondos debe ser seguida con particular cuidado,
no sólo por su abrupto crecimiento, sino también porque en la
Argentina este mecanismo carece de dos particularidades claves para su buen
funcionamiento: la estabilidad respecto a su finalidad y financiamiento y la
transparencia de la información. Respecto a la primera característica,
se han registrado diversas modificaciones a sus fuentes de financiamiento y
extensiones en sus plazos de vigencia. Con respecto a la cantidad y calidad
de la información sobre su funcionamiento, ésta resulta en la
mayoría de los casos incompleta respecto de aspectos centrales, como
la evolución de su capital, el nivel de avance de las obras o los destinatarios
de los subsidios otorgados.

La otra porción: servicios económicos

Aún cuando no se consideran los montos incluidos en los Fondos Fiduciarios,
el gasto en Servicios Económicos es el que más ha crecido. Este
incremento en funciones como Transporte o Energía es consecuencia de
una serie de políticas públicas orientadas principalmente a realizar
inversión en infraestructura que permita mantener tasas de crecimiento
positivas de la economía.

La inversión pública en infraestructura adquirió en estos
últimos años una gran relevancia. Este hecho, sumado al impacto
que tiene este tipo de gasto en el desarrollo y el bienestar de las distintas
regiones que componen el país, torna clave realizar un seguimiento detallado
de los criterios por medio de los cuales se decide la composición detallada
del gasto en servicios económicos así como su distribución
geográfica.

Salarios públicos y jubilaciones

De acuerdo con lo expresado en el mensaje, el gobierno prioriza la recomposición
de los ingresos. Teniendo en cuenta que dos de los sectores cuyos haberes presentaban
un mayor retraso eran los jubilados y los empleados públicos, durante
2007 se establecieron incrementos que se reflejan en el presupuesto 2008. En
un contexto en el cual la evolución de los precios presenta una serie
de interrogantes, el seguimiento de estos dos componentes del gasto es de sumo
interés. En el caso de los empleados públicos, la evolución
de sus ingresos reales dependerá en gran medida de la capacidad de negociación
que tengan sindicatos y Estado. En el caso de los jubilados, los cambios en
el gasto previsional se enmarcan en la normativa vigente que establece la necesidad
de ajustar los haberes (fallo de la Corte Suprema: Badaro contra el Estado).
Sin embargo, dado que no se estableció un mecanismo de ajuste concreto
para todos los niveles, su evolución no es completamente previsible.

Gasto público

Si se supone que el producto crecerá en 2008 al 7% y se mantuviera constante
la presión tributaria, los recursos crecerían a una tasa anual
de 19,5%, lo cual permitiría alcanzar un superávit primario de
2,1% del PIB, si el gasto aumenta a la misma tasa que la prevista para 2007.

Según el Presupuesto 2008, se espera que el resultado primario del sector
público alcance los $27.046 millones, lo cual representaría 3%
del PIB. Cumplir con este objetivo no es un punto menor, en tanto en 2009 se
producirán importantes vencimientos de la deuda pública.

Una meta “más realista” (por ejemplo, teniendo en cuenta la
estructura de gasto de 2008 pero teniendo en cuenta las tasas de crecimiento
exhibidas en 2007) implicaría un descenso del ahorro público en
1.3 pp.

En este sentido, puede especularse con el hecho de que se produzcan reformas
en la estructura tributaria con el fin de alcanzar el superávit originalmente
proyectado. En particular, dada la perspectiva favorable de los precios internacionales
de los principales productos exportables (soja, trigo, maíz y derivados),
y su efecto positivo como herramienta antiinflacionaria, es evidente que resulta
muy atractivo para el gobierno incrementar las alícuotas de los derechos
de exportación -como de hecho ha demostrado la suba de alícuotas
de las retenciones difundida por el gobierno a comienzos de noviembre 2007.

Los efectos que podría generar en la recaudación y el resultado
primario una suba de 10 pp. en las alícuotas de las retenciones a las
exportaciones de los commodities consideradas, implicarían un incremento
de la alícuota promedio de 2.8 pp. Efectivamente, en el escenario basado
en las proyecciones macroeconómicas del Presupuesto 2008 -en particular
un crecimiento de las exportaciones de 13.8% en términos nominales- los
recursos totales se incrementarían cerca de 6000 millones de pesos, lo
cual se traduciría en un superávit fiscal primario de 3.7% del
PIB.

Frente a un nivel de gasto “realista”, el incremento de las retenciones
permitiría elevar el superávit fiscal primario en 0.7pp, para
ubicarse en torno al 2.4% del PIB.

En conclusión, si bien el uso de las retenciones permitiría otorgar
mayor grado de libertad a las autoridades para incrementar el nivel de gasto
por encima del proyectado originalmente en el Presupuesto, los mayores ingresos
derivados de la modificación de los derechos de exportación no
serían suficientes para garantizar 3% de superávit fiscal en un
escenario donde el gasto público crezca a la misma tasa que en 2007.

En conclusión, si bien el uso de las retenciones permitiría otorgar
mayor grado de libertad a las autoridades para incrementar el nivel de gasto
por encima del proyectado originalmente en el Presupuesto, los mayores ingresos
derivados de la modificación de los derechos de exportación no
serían suficientes para garantizar 3% de superávit fiscal en un
escenario donde el gasto público crezca a la misma tasa que en 2007.

Un equipo de economistas integrado por Ariel Dvoskin, Germán Feldman,
Laura Malajovich y Federico Marongin elaboró para el Centro de Implementación
de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento ( (CIPPEC)
un exhaustivo análisis del proyecto presentado al Congreso Nacional a
fines de septiembre pasado y que se trató en la Cámara de Diputados.

Y rescata en principio las prioridades de política pública del
gobierno para el próximo año, a la vez que refleja la visión
del Estado Nacional sobre la futura situación macroeconómica:

Los datos salientes son:
· Al igual que en años anteriores, el gobierno subestima el crecimiento
económico y la inflación.
· Se registra un fuerte aumento de las erogaciones en servicios económicos.
· Si el gasto creciera al ritmo de 2007, los recursos deberían
incrementarse sensiblemente para alcanzar la meta de superávit primario
de 3% del Producto Bruto Interno (PBI).

Según estimaciones oficiales, los recursos totales de la Administración
Pública Nacional (APN) fueron aumentados $25.016 millones respecto al
año anterior (17,3% en términos nominales y 9,3% en términos
reales, es decir, descontado el efecto de la inflación).

El gasto primario (es decir, sin incluir el pago de intereses de la deuda pública)
proyectado para 2008 es de $142.417,2 millones, un incremento nominal de 16,2%
y real de 8,3%. De este modo, el resultado primario de la Administración
Pública Nacional en 2008 sería de $27.045,6 millones, equivalente
a 3% del PIB, mientras que para 2007 se prevé que será de 2,8%
del PBI.

Vale la pena resaltar que el incremento de recursos presupuestado para 2008
resulta ser mayor si se tiene en cuenta que en 2007 se produjo un ingreso extraordinario
producto del traspaso de fondos privados desde la AFJPs a las Cajas Previsionales
del Estado. Según estimaciones privadas, dichos recursos representarían
0,9% del producto.

Proyecciones macroeconómicas

Las proyecciones presentadas por el gobierno plantean un escenario de desaceleración
del crecimiento económico característico de los últimos
años (4% en 2008) y una inflación moderada (7,3%), no sólo
situada debajo de los dos dígitos sino también inferior a la registrada
en los últimos dos años (12,3% en 2005 y 9,8% en 2006).

Con la subestimación de la evolución de las variables macro (y
con ello de los recursos), el gobierno buscaría -al igual que en los
años anteriores- contar con mayor discrecionalidad en la asignación
del gasto, toda vez que aquellos recursos que no se proyectan inicialmente en
el Presupuesto, en la práctica, el Poder Ejecutivo Nacional termina asignándolos
a través de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), sin pasar por un
debate parlamentario.

Los proyectos de Ley de Presupuesto enviados por el Poder Ejecutivo al Congreso
para su aprobación entre 2003 y 2007 han subestimado repetidamente las
proyecciones de crecimiento del PIB y las correspondientes a la variación
del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo cual repercute directamente
en la estimación realizada de los ingresos provenientes de la recaudación
de impuestos e ingresos de la Seguridad Social.

Se estima que para 2008 la subestimación de las variables macroeconómicas
dejaría unos $10.000 millones de libre disponibilidad para el Poder Ejecutivo
Nacional. Si a ello se agregan los $8.000 millones producto de los incrementos
en las alícuotas de las retenciones a las exportaciones de combustibles,
se concluye que el gobierno contará con cerca de $20.000 millones para
asignar discrecionalmente.

Excepto en el 2003, donde la subestimación del crecimiento proyectado
fue más que compensado por la sobrestimación de la inflación,
cada año los ingresos estimados han sido menores a los que finalmente
terminaron verificándose.

La recaudación de los ocho primeros meses del año 2007 es equivalente
a más de 75% del monto proyectado para todo el año. Estos montos
superiores a los previamente presupuestados permiten posteriormente destinar
una parte (una vez neteados los montos que se detraen automáticamente,
por ejemplo, para las provincias en concepto de coparticipación federal
de impuestos y para el régimen de Seguridad Social) a financiar mayores
gastos o a incrementar el superávit fiscal.

El problema reside en que estas decisiones pueden tomarse de manera discrecional
(por ejemplo a través de DNUs). Si se suman los montos recaudados por
encima de lo originalmente presupuestado y se les detraen los montos correspondientes
a provincias y Seguridad Social (que son entre un 50 y un 55% del total, de
acuerdo con el año que se analice) puede sostenerse que quedaron casi
$40.000 millones durante este período con libre asignación. Si
a esto agregamos los datos de 2008, estaríamos cerca de los $60.000 millones
para todo el período 2003-2008.

Principales cambios

Los recursos totales de la Administración Pública Nacional, medida
en términos del PIB, aumenta levemente respecto de 2007 (18,8% contra
18,4%), mientras que el gasto total en el mismo nivel de gobierno se estima
en 17,9% del PIB. Así, el resultado primario esperado por el gobierno
nacional5 es de 3% del PIB, mientras que el superávit financiero (que
incluye además el pago de intereses de la deuda pública) se pronostica
en 0,9%. Ambos superávits reflejan un incremento interanual del 0,2pp.
del producto, en tanto el pago de intereses se mantiene constante.
Si se analiza la estructura del gasto, es posible apreciar que la finalidad
que registra una variación positiva mayor es la que comprende a los Servicios
Sociales. Si bien presenta un aumento agregado real de 9%, evidencia fuertes
oscilaciones en sus respectivas funciones: se proyecta una caída de 14,4%
en Trabajo explicado esencialmente por el traspaso del Plan Jefas y Jefes de
Hogares al Plan Familias por la Inclusión Social (en Promoción
y Asistencia Social). En cambio, vio incrementada su partida el gasto en Seguridad
Social (+8,4%), producto de los aumentos de las jubilaciones. Cabe destacar
que si bien a primera vista los incrementos en Educación y Salud pueden
parecer importantes (17,5% y 9,3% respectivamente), dichos aumentos deben relativizarse,
dado que la magnitud del gasto total ejecutado por la Nación es pequeño,
debido a la descentralización de dichas funciones en las provincias.

En el caso de los Servicios Económicos (principalmente Energía
y Transporte), presentan el menor incremento relativo, lo cual se debe a que
durante el 2007 se realizaron importantes incrementos en el gasto de esos rubros,
incorporados al momento de elaborar el Presupuesto 2008. En este sentido, si
nos concentramos en el gasto en Energía, como resultado del actual cuello
de botella en dicho sector, el gobierno nacional reforzará las inversiones
y transferencias al sector privado con el objetivo de incrementar la capacidad
productiva en el mediano plazo y evitar los incrementos de precios en el corto
plazo. Como consecuencia de ello, se prevé un aumento del gasto de 13,3%
en términos nominales y 5,4% en términos reales. A modo de resumen,
puede apreciarse que la estructura general del gasto se mantiene muy similar
a la de 2007.

En dónde poner la lupa

Una de las principales herramientas utilizadas por el Estado para impulsar
sus políticas de redistribución del ingreso y de la reconstitución
de la infraestructura durante los últimos años, los fondos fiduciarios,
no está incluida en el Presupuesto de la Administración Nacional6.

Los fondos fiduciarios públicos aumentaron no sólo en cantidad
sino en el presupuesto que manejan. Desde 1994 hasta la fecha se crearon 16
fondos, 8 de los cuales fueron implementados entre 2000 y 2002. A su vez, entre
2001 y 2008 sus gastos se incrementaron en más de 6000%.

El crecimiento estuvo principalmente asociado con la necesidad de recomponer
los ingresos de los sectores más marginados por medio del otorgamiento
de subsidios y la inversión en bienes de capital para infraestructura.
Los principales fondos son: Infraestructura de Transporte; Hídrico; Desarrollo
Provincial y Transporte Eléctrico Federal.

La evolución de estos fondos debe ser seguida con particular cuidado,
no sólo por su abrupto crecimiento, sino también porque en la
Argentina este mecanismo carece de dos particularidades claves para su buen
funcionamiento: la estabilidad respecto a su finalidad y financiamiento y la
transparencia de la información. Respecto a la primera característica,
se han registrado diversas modificaciones a sus fuentes de financiamiento y
extensiones en sus plazos de vigencia. Con respecto a la cantidad y calidad
de la información sobre su funcionamiento, ésta resulta en la
mayoría de los casos incompleta respecto de aspectos centrales, como
la evolución de su capital, el nivel de avance de las obras o los destinatarios
de los subsidios otorgados.

La otra porción: servicios económicos

Aún cuando no se consideran los montos incluidos en los Fondos Fiduciarios,
el gasto en Servicios Económicos es el que más ha crecido. Este
incremento en funciones como Transporte o Energía es consecuencia de
una serie de políticas públicas orientadas principalmente a realizar
inversión en infraestructura que permita mantener tasas de crecimiento
positivas de la economía.

La inversión pública en infraestructura adquirió en estos
últimos años una gran relevancia. Este hecho, sumado al impacto
que tiene este tipo de gasto en el desarrollo y el bienestar de las distintas
regiones que componen el país, torna clave realizar un seguimiento detallado
de los criterios por medio de los cuales se decide la composición detallada
del gasto en servicios económicos así como su distribución
geográfica.

Salarios públicos y jubilaciones

De acuerdo con lo expresado en el mensaje, el gobierno prioriza la recomposición
de los ingresos. Teniendo en cuenta que dos de los sectores cuyos haberes presentaban
un mayor retraso eran los jubilados y los empleados públicos, durante
2007 se establecieron incrementos que se reflejan en el presupuesto 2008. En
un contexto en el cual la evolución de los precios presenta una serie
de interrogantes, el seguimiento de estos dos componentes del gasto es de sumo
interés. En el caso de los empleados públicos, la evolución
de sus ingresos reales dependerá en gran medida de la capacidad de negociación
que tengan sindicatos y Estado. En el caso de los jubilados, los cambios en
el gasto previsional se enmarcan en la normativa vigente que establece la necesidad
de ajustar los haberes (fallo de la Corte Suprema: Badaro contra el Estado).
Sin embargo, dado que no se estableció un mecanismo de ajuste concreto
para todos los niveles, su evolución no es completamente previsible.

Gasto público

Si se supone que el producto crecerá en 2008 al 7% y se mantuviera constante
la presión tributaria, los recursos crecerían a una tasa anual
de 19,5%, lo cual permitiría alcanzar un superávit primario de
2,1% del PIB, si el gasto aumenta a la misma tasa que la prevista para 2007.

Según el Presupuesto 2008, se espera que el resultado primario del sector
público alcance los $27.046 millones, lo cual representaría 3%
del PIB. Cumplir con este objetivo no es un punto menor, en tanto en 2009 se
producirán importantes vencimientos de la deuda pública.

Una meta “más realista” (por ejemplo, teniendo en cuenta la
estructura de gasto de 2008 pero teniendo en cuenta las tasas de crecimiento
exhibidas en 2007) implicaría un descenso del ahorro público en
1.3 pp.

En este sentido, puede especularse con el hecho de que se produzcan reformas
en la estructura tributaria con el fin de alcanzar el superávit originalmente
proyectado. En particular, dada la perspectiva favorable de los precios internacionales
de los principales productos exportables (soja, trigo, maíz y derivados),
y su efecto positivo como herramienta antiinflacionaria, es evidente que resulta
muy atractivo para el gobierno incrementar las alícuotas de los derechos
de exportación -como de hecho ha demostrado la suba de alícuotas
de las retenciones difundida por el gobierno a comienzos de noviembre 2007.

Los efectos que podría generar en la recaudación y el resultado
primario una suba de 10 pp. en las alícuotas de las retenciones a las
exportaciones de los commodities consideradas, implicarían un incremento
de la alícuota promedio de 2.8 pp. Efectivamente, en el escenario basado
en las proyecciones macroeconómicas del Presupuesto 2008 -en particular
un crecimiento de las exportaciones de 13.8% en términos nominales- los
recursos totales se incrementarían cerca de 6000 millones de pesos, lo
cual se traduciría en un superávit fiscal primario de 3.7% del
PIB.

Frente a un nivel de gasto “realista”, el incremento de las retenciones
permitiría elevar el superávit fiscal primario en 0.7pp, para
ubicarse en torno al 2.4% del PIB.

En conclusión, si bien el uso de las retenciones permitiría otorgar
mayor grado de libertad a las autoridades para incrementar el nivel de gasto
por encima del proyectado originalmente en el Presupuesto, los mayores ingresos
derivados de la modificación de los derechos de exportación no
serían suficientes para garantizar 3% de superávit fiscal en un
escenario donde el gasto público crezca a la misma tasa que en 2007.