Mientras el Gobierno prepara un nuevo paquete de medidas, que serán anunciadas mañana( jueves 1) el justicialismo convocó a una conferencia de prensa para anunciar su rechazo a los decretos.
Entre las medidas cuestionadas, el PJ calificó de “inconstitucional” la norma que dispone “la disolución y liquidación de las sociedades ATC SA y de la agencia oficial de noticias Télam” porque, argumentan, se avasallaron las facultades del Poder Legislativo y se viola la división de poderes de la República”.
El jefe de la bancada justicialista, Humberto Roggero, reclamó además al Presidente “que abra el Congreso”, que actualmente se encuentra en receso, y dijo que le parecía “extraño que a las apuradas se apruebe la renegociación de contratos de peajes y de trenes”; el legislador acusó a la gestión De la Rúa de adoptar un “estilo fujimorizado” .
Otros decretos cuestionados son los que versan sobre la reforma estatal, la reformulación contractual de obras en autopistas y aeropuertos.
El ministro del Interior, Federico Storani, fue el primer integrante del Gobierno que respondió a los cuestionamientos: “No entendemos las críticas que se han generado desde la oposición por los decretos que se han producido, sencillamente porque más de 95% de los mismos son decretos corrientes y no remedios excepcionales”.
Mientras tanto, el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, comenzó a contactarse con distintos dirigentes del PJ para calmar los ánimos belicistas.
Pero la posición no ha podido, por lo menos por ahora, frenar los ímpetus que parecen dominar al Ejecutivo: otro de los temas que ocuparon a los ministros reunidos en la sede de la Jefatura de Gabinete fue la organización de una reunión de gabinete para firmar los próximos decretos y una conferencia de prensa para presentarlos en sociedad.
Entre las medidas que se preparan contra reloj en la Casa Rosada y en la Jefatura de Gabinete figuran dos de modernización del Estado, que incluyen la fusión de algunos organismos para ahorrar gastos, y la eliminación de varios de los directorios de los 58 organismos descentralizados, que le insumen al Estado $ 25 millones por año, sólo en los salarios de sus directores.
Quedaron congelados la reglamentación de la ley de lavado de dinero (estaría lista sólo la semana próxima); el proyecto que permite usar los resúmenes de las tarjetas de crédito para ejecutar las deudas de los morosos, y el decreto de prohibición de nuevas moratorias y de blanqueos impositivos.
Mientras el Gobierno prepara un nuevo paquete de medidas, que serán anunciadas mañana( jueves 1) el justicialismo convocó a una conferencia de prensa para anunciar su rechazo a los decretos.
Entre las medidas cuestionadas, el PJ calificó de “inconstitucional” la norma que dispone “la disolución y liquidación de las sociedades ATC SA y de la agencia oficial de noticias Télam” porque, argumentan, se avasallaron las facultades del Poder Legislativo y se viola la división de poderes de la República”.
El jefe de la bancada justicialista, Humberto Roggero, reclamó además al Presidente “que abra el Congreso”, que actualmente se encuentra en receso, y dijo que le parecía “extraño que a las apuradas se apruebe la renegociación de contratos de peajes y de trenes”; el legislador acusó a la gestión De la Rúa de adoptar un “estilo fujimorizado” .
Otros decretos cuestionados son los que versan sobre la reforma estatal, la reformulación contractual de obras en autopistas y aeropuertos.
El ministro del Interior, Federico Storani, fue el primer integrante del Gobierno que respondió a los cuestionamientos: “No entendemos las críticas que se han generado desde la oposición por los decretos que se han producido, sencillamente porque más de 95% de los mismos son decretos corrientes y no remedios excepcionales”.
Mientras tanto, el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, comenzó a contactarse con distintos dirigentes del PJ para calmar los ánimos belicistas.
Pero la posición no ha podido, por lo menos por ahora, frenar los ímpetus que parecen dominar al Ejecutivo: otro de los temas que ocuparon a los ministros reunidos en la sede de la Jefatura de Gabinete fue la organización de una reunión de gabinete para firmar los próximos decretos y una conferencia de prensa para presentarlos en sociedad.
Entre las medidas que se preparan contra reloj en la Casa Rosada y en la Jefatura de Gabinete figuran dos de modernización del Estado, que incluyen la fusión de algunos organismos para ahorrar gastos, y la eliminación de varios de los directorios de los 58 organismos descentralizados, que le insumen al Estado $ 25 millones por año, sólo en los salarios de sus directores.
Quedaron congelados la reglamentación de la ley de lavado de dinero (estaría lista sólo la semana próxima); el proyecto que permite usar los resúmenes de las tarjetas de crédito para ejecutar las deudas de los morosos, y el decreto de prohibición de nuevas moratorias y de blanqueos impositivos.