Ahora, el FMI irrita a bonistas y analistas económicos
La falta de OK a la tercera revisión y la postergación de la cuarta, dos aprietes del FMI, privará a los bonistas de percibir anticipos por US$ 2.500 millones extras. Algunos analistas creen que la netidad actúa de mala fe.
Néstor Kirchner y Roberto Lavagna responsabilizan directamente al Fondo Monetario Internacional por trabar potenciales adelantos a tenedores de deuda titulizada. En otras palabras, las exigencias adicionales –no contempladas en el acuerdo contingente- que la entidad inventa constantemente ponen en riesgo el canje para salir del cese de pagos.
Es un círculo vicioso: Rodrigo Rato y Anne Krueger postergan la aprobación de metas trimestrales esperando un arreglo con los acreedores privados, pero eso priva a la Argentina de fondos, justamente, para mejorar la oferta a bonistas. A su vez, Buenos Aires –para no facilitarle nuevos pretextos al FMI- pagará con caja propia los vencimientos ante el organismo.
Sea como fuere, el gobierno no ve posibilidades de dar marcha atrás. Por tanto, no reanudará contactos con la entidad hasta completar el canje de bonos. Lógicamente, los habituales voceros de los “comités” tratan de embarrar más la pista, pidiendo más.
Todo resulta tan obvio que analistas británicos y locales ponen en duda la buena fe del Fondo. “Durante meses se ha debatido sobre el papel del FMI y su eficiencia. Al amparo de la transparencia –señala un comentario editorial-, autoridades del organismo han usado masivamente los medios de comunicación para mantener una mínima imagen de seriedad e imparcialidad”. Pero faltan actitudes claras.
Invocando necesidades de crecimiento sostenido y bienestar social, “se planten exigencias tan específicas como con qué países tener malas o buenas relaciones. A tal punto se han ampliado los alcances del monitoreo que, en la práctica, el Fondo opina sobre cualquier tema político, social o económico de un país con el cual haya acuerdos de asistencia financiera”. Argentina es el ejemplo más desembozado; sobre todo, por la alianza entre ejecutivos de la entidad, gurúes conservadores y alguna dirigencia política vinculada a la banca.
También es indudable que “los miembros del FMI con mayor poder de voto lo usan erráticamente para influir la política internacional de otros estados. Esto agrava en gran medida la confusión sobre objetivos, procedimientos y decisiones del organismo”. Al respecto, un extenso comentario acerca de las relaciones con Argentina en la dodécada 1990-2001 –publicado en “IMF Survey” este mismo mes- reconoce que “la misión del Fondo no es ya analizar aspectos técnicos y macroeconómicos, sino también opinar sobre temas subjetivos, tales como la gobernabilidad”.
Al pasar, el trabajo señala que, en una economía como la argentina, el parámetro internacional para la relación deuda pública/PBI debe ser alrededor de 30%. Curiosamente, la propuesta de restrucuración presentada por Buenos Aires a la Comisión Federal de Valores (Estados Unidos) impone una relación de 80% entre pasivos y PBI. Y el Fondo pide más…
Néstor Kirchner y Roberto Lavagna responsabilizan directamente al Fondo Monetario Internacional por trabar potenciales adelantos a tenedores de deuda titulizada. En otras palabras, las exigencias adicionales –no contempladas en el acuerdo contingente- que la entidad inventa constantemente ponen en riesgo el canje para salir del cese de pagos.
Es un círculo vicioso: Rodrigo Rato y Anne Krueger postergan la aprobación de metas trimestrales esperando un arreglo con los acreedores privados, pero eso priva a la Argentina de fondos, justamente, para mejorar la oferta a bonistas. A su vez, Buenos Aires –para no facilitarle nuevos pretextos al FMI- pagará con caja propia los vencimientos ante el organismo.
Sea como fuere, el gobierno no ve posibilidades de dar marcha atrás. Por tanto, no reanudará contactos con la entidad hasta completar el canje de bonos. Lógicamente, los habituales voceros de los “comités” tratan de embarrar más la pista, pidiendo más.
Todo resulta tan obvio que analistas británicos y locales ponen en duda la buena fe del Fondo. “Durante meses se ha debatido sobre el papel del FMI y su eficiencia. Al amparo de la transparencia –señala un comentario editorial-, autoridades del organismo han usado masivamente los medios de comunicación para mantener una mínima imagen de seriedad e imparcialidad”. Pero faltan actitudes claras.
Invocando necesidades de crecimiento sostenido y bienestar social, “se planten exigencias tan específicas como con qué países tener malas o buenas relaciones. A tal punto se han ampliado los alcances del monitoreo que, en la práctica, el Fondo opina sobre cualquier tema político, social o económico de un país con el cual haya acuerdos de asistencia financiera”. Argentina es el ejemplo más desembozado; sobre todo, por la alianza entre ejecutivos de la entidad, gurúes conservadores y alguna dirigencia política vinculada a la banca.
También es indudable que “los miembros del FMI con mayor poder de voto lo usan erráticamente para influir la política internacional de otros estados. Esto agrava en gran medida la confusión sobre objetivos, procedimientos y decisiones del organismo”. Al respecto, un extenso comentario acerca de las relaciones con Argentina en la dodécada 1990-2001 –publicado en “IMF Survey” este mismo mes- reconoce que “la misión del Fondo no es ya analizar aspectos técnicos y macroeconómicos, sino también opinar sobre temas subjetivos, tales como la gobernabilidad”.
Al pasar, el trabajo señala que, en una economía como la argentina, el parámetro internacional para la relación deuda pública/PBI debe ser alrededor de 30%. Curiosamente, la propuesta de restrucuración presentada por Buenos Aires a la Comisión Federal de Valores (Estados Unidos) impone una relación de 80% entre pasivos y PBI. Y el Fondo pide más…
