Acerca del tope a las horas extras

Mientras la medida fue defendida por el gobierno y elogiada por el asesor laboral de la CGT disidente, un asesor de Flamarique advirtió que no garantiza que crezca el empleo. Crítica de Daer.

21 junio, 2000

La limitación a la posibilidad de trabajar horas extras (hasta 30 por mes y 200 por año), dispuesta por el gobierno mediante un decreto difundido ayer (martes 20), generó diversas explicaciones y opiniones.

Desde el gobierno se explicó que la medida persigue el doble objetivo de reducir el gasto público salarial y alentar la creación de nuevos empleos en el sector privado, pero se advirtió que para alcanzar la última de esas dos metas será necesario que la economía crezca.

Mientras tanto, el decreto mereció el elogio del abogado laboralista Héctor Recalde, asesor jurídico de la CGT rebelde que lidera el dirigente camionero Hugo Moyano, y la crítica del jefe de la CGT oficial, Rodolfo Daer.

El vicepresidente de la Nación, Carlos Chacho Alvarez, dijo que el decreto servirá para evitar excesos en la jornada laboral y contrarrestar las formas precarizadas de empleo y la alta desocupación.

Alvarez admitió que esa norma pondrá en juego la capacidad del Estado para controlar su cumplimiento e impedir que, por ejemplo, los empleadores sigan exigiendo a sus empleados que cumplan horas extras pero no se las paguen.

El ministro de Salud, Héctor Lombardo, opinó que la medida “puede contribuir a generar nuevos puestos de trabajo en el sector privado”, al tiempo que apunta a reducir el déficit del Estado, lo que permitirá a éste obtener “mejores créditos” de los organismos internacionales.

El subsecretario de Relaciones Laborales, Enrique Espínola Vera, afirmó que el decreto “tiene un sentido profundamente social” y “apunta a recuperar el trabajo, en el sentido más amplio del concepto”.

Espínola Vera admitió que “es cierto que las horas extras ayudan a mucha gente a alcanzar un salario mejor”, pero sostuvo que la medida publicada ayer contribuirá a “involucrar en el mercado laboral a sectores que ni siquiera pueden gozar de tener un trabajo de jornada normal”.

Ernesto Kritz, asesor del ministro de Trabajo, indicó que la reducción del tope para las horas extras “no garantiza” que vaya a crearse más empleo y señaló que para que eso ocurra “es preciso que la economía crezca”.

Incluso, advirtió que si junto a la reducción del límite a las horas extras no se produce una reducción del costo de contratación de empleados, el efecto del decreto publicado ayer “hasta puede llegar a ser negativo”.

Kritz reconoció que la medida “puede significar una reducción del sueldo de muchas personas”, pero destacó que “la contrapartida es que en la Argentina existe un nivel de desempleo extremadamente alto y una subocupación muy significativa, pero una de las jornadas más largas del mundo”.

En tanto, Daer calificó a la medida como “una falacia” y opinó que “ésa no es la forma ni el camino correcto para combatir el trabajo en negro”.

La limitación a la posibilidad de trabajar horas extras (hasta 30 por mes y 200 por año), dispuesta por el gobierno mediante un decreto difundido ayer (martes 20), generó diversas explicaciones y opiniones.

Desde el gobierno se explicó que la medida persigue el doble objetivo de reducir el gasto público salarial y alentar la creación de nuevos empleos en el sector privado, pero se advirtió que para alcanzar la última de esas dos metas será necesario que la economía crezca.

Mientras tanto, el decreto mereció el elogio del abogado laboralista Héctor Recalde, asesor jurídico de la CGT rebelde que lidera el dirigente camionero Hugo Moyano, y la crítica del jefe de la CGT oficial, Rodolfo Daer.

El vicepresidente de la Nación, Carlos Chacho Alvarez, dijo que el decreto servirá para evitar excesos en la jornada laboral y contrarrestar las formas precarizadas de empleo y la alta desocupación.

Alvarez admitió que esa norma pondrá en juego la capacidad del Estado para controlar su cumplimiento e impedir que, por ejemplo, los empleadores sigan exigiendo a sus empleados que cumplan horas extras pero no se las paguen.

El ministro de Salud, Héctor Lombardo, opinó que la medida “puede contribuir a generar nuevos puestos de trabajo en el sector privado”, al tiempo que apunta a reducir el déficit del Estado, lo que permitirá a éste obtener “mejores créditos” de los organismos internacionales.

El subsecretario de Relaciones Laborales, Enrique Espínola Vera, afirmó que el decreto “tiene un sentido profundamente social” y “apunta a recuperar el trabajo, en el sentido más amplio del concepto”.

Espínola Vera admitió que “es cierto que las horas extras ayudan a mucha gente a alcanzar un salario mejor”, pero sostuvo que la medida publicada ayer contribuirá a “involucrar en el mercado laboral a sectores que ni siquiera pueden gozar de tener un trabajo de jornada normal”.

Ernesto Kritz, asesor del ministro de Trabajo, indicó que la reducción del tope para las horas extras “no garantiza” que vaya a crearse más empleo y señaló que para que eso ocurra “es preciso que la economía crezca”.

Incluso, advirtió que si junto a la reducción del límite a las horas extras no se produce una reducción del costo de contratación de empleados, el efecto del decreto publicado ayer “hasta puede llegar a ser negativo”.

Kritz reconoció que la medida “puede significar una reducción del sueldo de muchas personas”, pero destacó que “la contrapartida es que en la Argentina existe un nivel de desempleo extremadamente alto y una subocupación muy significativa, pero una de las jornadas más largas del mundo”.

En tanto, Daer calificó a la medida como “una falacia” y opinó que “ésa no es la forma ni el camino correcto para combatir el trabajo en negro”.

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