400.000 inhabilitados podrían operar nuevamente

Amnistía para muchos titulares de cuentas bancarias cerradas. Alrededor de 400.000 cuentas corrientes inhabilitadas en los últimos 5 años se verán beneficiados. Se recompondrá la cadena de pagos.

26 marzo, 2001

Según el Banco Central, en los últimos años se incrementó notablemente el ritmo de inhabilitaciones de cuentas corrientes, alcanzándose un promedio de 80.000 inhabilitaciones anuales, con dos millones y medio de cheques rechazados.

La Ley de Competitividad introduce dos medidas centrales para trabajar sobre esta realidad, permitiéndole sobre todo a las pymes y personas físicas que por distintos motivos, han debido cerrar sus cuentas, reinsertarse en el circuito.

Con esto se intenta recomponer la cadena de pagos, que se encuentra herida desde hace varios meses.

La ley impulsada por el ministro Cavallo deja en manos de los bancos privados comerciales la posibilidad de reabrir cuentas de ex clientes; además incluye una amplia amnistía para los sancionados.

Debido al impacto de la decisión, muchos de los inhabilitados intentaron conocer en qué situación queda el registro de deudores morosos que hasta ahora están en la base de datos de calificadoras como la Organización Veraz.

La inquietud es entendible: figurar en ese tipo de calificación muchas veces lleva a que gente que se considera perfectamente regularizada en su flujo de pagos, no tiene acceso al crédito por distintas razones.

El diario Clarín consultó al titular de Veraz, Alfredo Vicens, quien indicó que por el lapso de dos años, a partir de ahora, “todos los que figuraban en la base de datos de Veraz quedan rehabilitados”, si el sancionado cumple sus obligaciones.

Sin embargo, Vicente Lourenzo, de la Coordinadora de Actividades Mercantiles dijo que “la amenaza de aparecer en Veraz no desaparece, va a seguir pesando como consecuencia de que el presidente de la Nación vetó un artículo de la ley de habeas data que disponía la baja obligatoria de los registros de deudores de aquellos que se hubiesen regularizado, por lo tanto teme que la única forma de borrarse va a seguir siendo la vía judicial”.

Con todo, el economista Carlos Pérez, de la Fundación Capital, coincide en la necesidad de esta amplia amnistía para rehabilitar cuentas cerradas, fundándola en la crisis económica, pero manifiesta sus reservas sobre esta nueva facultad que se les dio a los bancos privados. “Se corre el riesgo de dividir el sistema financiero en dos: bancos fáciles y otros estrictos en los criterios de apertura de cuentas”.

Según el Banco Central, en los últimos años se incrementó notablemente el ritmo de inhabilitaciones de cuentas corrientes, alcanzándose un promedio de 80.000 inhabilitaciones anuales, con dos millones y medio de cheques rechazados.

La Ley de Competitividad introduce dos medidas centrales para trabajar sobre esta realidad, permitiéndole sobre todo a las pymes y personas físicas que por distintos motivos, han debido cerrar sus cuentas, reinsertarse en el circuito.

Con esto se intenta recomponer la cadena de pagos, que se encuentra herida desde hace varios meses.

La ley impulsada por el ministro Cavallo deja en manos de los bancos privados comerciales la posibilidad de reabrir cuentas de ex clientes; además incluye una amplia amnistía para los sancionados.

Debido al impacto de la decisión, muchos de los inhabilitados intentaron conocer en qué situación queda el registro de deudores morosos que hasta ahora están en la base de datos de calificadoras como la Organización Veraz.

La inquietud es entendible: figurar en ese tipo de calificación muchas veces lleva a que gente que se considera perfectamente regularizada en su flujo de pagos, no tiene acceso al crédito por distintas razones.

El diario Clarín consultó al titular de Veraz, Alfredo Vicens, quien indicó que por el lapso de dos años, a partir de ahora, “todos los que figuraban en la base de datos de Veraz quedan rehabilitados”, si el sancionado cumple sus obligaciones.

Sin embargo, Vicente Lourenzo, de la Coordinadora de Actividades Mercantiles dijo que “la amenaza de aparecer en Veraz no desaparece, va a seguir pesando como consecuencia de que el presidente de la Nación vetó un artículo de la ley de habeas data que disponía la baja obligatoria de los registros de deudores de aquellos que se hubiesen regularizado, por lo tanto teme que la única forma de borrarse va a seguir siendo la vía judicial”.

Con todo, el economista Carlos Pérez, de la Fundación Capital, coincide en la necesidad de esta amplia amnistía para rehabilitar cuentas cerradas, fundándola en la crisis económica, pero manifiesta sus reservas sobre esta nueva facultad que se les dio a los bancos privados. “Se corre el riesgo de dividir el sistema financiero en dos: bancos fáciles y otros estrictos en los criterios de apertura de cuentas”.

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