200 mil mujeres jóvenes pasaron a la inactividad laboral

Persistir con instituciones laborales arcaicas y planes asistenciales de pobre diseño y gestión impone costos sociales importantes y genera discriminación de género, señala el Instituto de Desarrollo Económico y Social Argentino (Idesa) en su informe número 618.

Ante el reclamo de una diputada para que el INDEC retome la publicación de las mediciones de pobreza, el ministro de Economía le sugirió que se ponga “plumas” si pretende adquirir notoriedad mediática.

Más que un exabrupto aislado es un testimonio del desprecio por el diálogo político y de la visión que prevalece en muchos dirigentes sobre el rol de la mujer en la sociedad.

Es cierto que innumerables discursos, programas y leyes declaman la igualdad de género.

Pero los hechos concretos, al menos en lo referido al mercado de trabajo, están alineados con las opiniones del ministro, pone de relieve Jorge Colina, economista jefe de Idesa.

El INDEC informó que en el 2° trimestre del año 2015 la tasa de desempleo fue del 6,6% de la población económicamente activa (PEA). Este nivel moderado de desocupación no se sostiene gracias a la generación de empleos sino a caídas en la tasa de actividad o participación laboral.

Entre 2011 y 2015, la PEA pasó del 46,6% de la población a apenas el 44,5%. Esto señala que el ajuste del mercado de trabajo no pasa tanto por aumentos en el desempleo sino por gente que decide dejar de buscar un empleo.

La caída en la actividad laboral no afecta a los varones entre 30 y 64 años de edad cuya tasa de participación se mantiene en el 93%. En el resto de los grupos es donde la situación difiere.

Así, según los datos oficiales del INDEC, entre el 2011 y el 2015 se observa que:

• Las mujeres entre 30 y 64 años de edad disminuyeron su tasa de participación laboral de 64% a 63% de la población en esa edad.
• Los varones entre 15 y 29 años de edad sufrieron una caída del 60% a 54%.
• Las mujeres entre 15 y 29 años de edad tuvieron una reducción en su tasa de participación laboral de 42% a 36% de la población en esa edad.

Estos datos muestran que el crecimiento de la inactividad laboral está fuertemente concentrado en los jóvenes y las mujeres, en especial las mujeres jóvenes.

La caída en la tasa de actividad de las mujeres menores de 29 años entre 2011 y 2015 equivale a casi 200 mil jóvenes menos participando del mercado de trabajo.

Se llega al extremo de que apenas 1 de cada 3 mujeres jóvenes participa del mercado de trabajo.

El deterioro del mercado laboral está asociado a la obsolescencia de las instituciones laborales.

Altos impuestos al trabajo, burocracia, litigiosidad y reglas que deterioran la productividad explican que las empresas sean remisas a crear nuevos empleos.

La consecuencia es que no se generan puestos de trabajo suficientes para toda la población en edad de trabajar. Ante la falta de oportunidades laborales, los segmentos más vulnerables –las mujeres, porque se les impone las responsabilidades domésticas, y los jóvenes, porque padecen la falta de formación y experiencia laboral– son los que más sufren las dificultades.

De allí que su participación laboral sea baja y decreciente.

Previo a que el ajuste se tradujera en mayor inactividad laboral, el mercado de trabajo tampoco tuvo bases sustentables. Entre 2003 y 2008 hubo un importante aumento del empleo formal, pero sostenido por la licuación de costos laborales gracias a la mega-devaluación de 2002 y el aumento de los precios de las exportaciones.

Cuando los salarios reales recuperaron niveles anteriores y los términos de intercambio dejaron de crecer, el empleo se aletargó.

La insuficiencia no se tradujo en mayor desempleo sino en aumento de la inactividad laboral ayudado por el primitivo diseño de los programas asistenciales que inducen a las mujeres a retirarse del mercado de trabajo.

Negar oportunidades laborales a una creciente porción de mujeres es socialmente muy costoso. Implica potenciar la dependencia del adulto varón en el hogar y/o del asistencialismo social.

De esta forma, se cercenan las posibilidades de progreso de los hogares y aumentan los riesgos de disrupción familiar, violencia de género y clientelismo electoral.

Es claro que el problema no se resuelve con una devaluación sino a través de la modernización de las instituciones laborales, el rediseño de planes asistenciales y el combate a pautas culturales que menosprecian las capacidades de las mujeres.