Senado: más repercusiones

Altos funcionarios del Gobierno admitieron que los fondos –presuntamente usados para sobornar senadores– habrían salido de las arcas del Estado; tanto el juez Liporaci como diversos representantes del justicialismo, opinaron en el mismo sentido. De confirmarse esta versión, marcaría un profundo compromiso del gobierno frente a la corrupción en la Cámara alta – vínculo que el presidente negó, rotundamente, en el fin de semana.

Un punto esencial para deslindar responsabilidades, es saber el origen de los fondos. El diario La Nación señala las vinculaciones entre el presidente del Banco Nación–Chrystian Colombo– y el ex ministro del Interior del gobierno al fonsinista –Enrique Nosiglia– a quien se menciona en el centro de la operación de intercambio de favores con los senadores. Funcionarios del Ministerio de Economía le habrían dicho a periodistas de ese medio que las operaciones pueden haber ocurrido, condicionando el hecho a la dimensión de los montos. “Si fueron dos millones de dólares, es muy fácil hacer eso. Si fueron cuatro millones, es mucho más difícil. Si fueron diez millones, es imposible”— resumieron— y
agregaron que –US$ 2 y 4 millones– es una cantidad que puede ser repartida en uno o dos meses y pasar inadvertida para las dependencias del Ministerio de Economía. El secretario de Hacienda, Mario Vicens, declarará hoy ante el juez Liporaci sobre el movimiento de los fondos reservados.

La condición de “fondos estatales” marcó buena parte del diálogo del presidente Fernando de la Rúa con el gobernador Carlos Ruckauf. El gobernador de Buenos Aires le señaló al presidente que –hasta el jueves–lo había acompañado en todo lo que hiciera, pero que –luego de las declaraciones del juez Liporaci del viernes, en las que el magistrado dijo que tenía “indicios serios de que hubo sobornos”– sólo lo acompañaba en la decisión de hacer urgentes cambios en el gabinete nacional.

Otras voces, surgidas el fin de semana, señalan que los fondos para el pago de los sobornos surgieron de la CGT “oficial”. En realidad –afirman estas versiones de las que se hace eco el Ambito Financiero de hoy, la cúpula sindical pagó papa que los senadores introdujeran las 21 variantes que, finalmente, incluyó el proyecto. Pero la historia se complejiza un poco más; quienes sostienen esta versión, afirman –además– que hubo dos pagos: por un lado el “canje” que habrían hecho los senadores con el Poder Ejecutivo (cambiando votos por aportes para sus respectivas provincias) y, por otro, el pago de la central sindical para votar las modificatorias a la ley. Daer afirma que las versiones que incluyen a la CGT “oficial” en el pago de los sobornos son “una verdadera estupidez”.

Entre tanto, antes de iniciar su nuevo viaje, el presidente confirmó a todo su equipo y advirtió que no hay renuncias de ministros “porque no hay imputaciones”.

En los últimos días se llevaron a cabo varias consultas entre senadores del PJ y de la UCR buscando la manera de rechazar el pedido de desafuero que hiciera el juez que entiende en la causa; algunos sostienen que la inmunidad que gozan los legisladores es solamente de arresto, pero no de procesamiento, por lo cual no necesitarían ser desaforados. Otros parlamentarios sostienen que la respuesta a Liporaci debe darse desde lo político y no desde lo técnico.

Altos funcionarios del Gobierno admitieron que los fondos –presuntamente usados para sobornar senadores– habrían salido de las arcas del Estado; tanto el juez Liporaci como diversos representantes del justicialismo, opinaron en el mismo sentido. De confirmarse esta versión, marcaría un profundo compromiso del gobierno frente a la corrupción en la Cámara alta – vínculo que el presidente negó, rotundamente, en el fin de semana.

Un punto esencial para deslindar responsabilidades, es saber el origen de los fondos. El diario La Nación señala las vinculaciones entre el presidente del Banco Nación–Chrystian Colombo– y el ex ministro del Interior del gobierno al fonsinista –Enrique Nosiglia– a quien se menciona en el centro de la operación de intercambio de favores con los senadores. Funcionarios del Ministerio de Economía le habrían dicho a periodistas de ese medio que las operaciones pueden haber ocurrido, condicionando el hecho a la dimensión de los montos. “Si fueron dos millones de dólares, es muy fácil hacer eso. Si fueron cuatro millones, es mucho más difícil. Si fueron diez millones, es imposible”— resumieron— y
agregaron que –US$ 2 y 4 millones– es una cantidad que puede ser repartida en uno o dos meses y pasar inadvertida para las dependencias del Ministerio de Economía. El secretario de Hacienda, Mario Vicens, declarará hoy ante el juez Liporaci sobre el movimiento de los fondos reservados.

La condición de “fondos estatales” marcó buena parte del diálogo del presidente Fernando de la Rúa con el gobernador Carlos Ruckauf. El gobernador de Buenos Aires le señaló al presidente que –hasta el jueves–lo había acompañado en todo lo que hiciera, pero que –luego de las declaraciones del juez Liporaci del viernes, en las que el magistrado dijo que tenía “indicios serios de que hubo sobornos”– sólo lo acompañaba en la decisión de hacer urgentes cambios en el gabinete nacional.

Otras voces, surgidas el fin de semana, señalan que los fondos para el pago de los sobornos surgieron de la CGT “oficial”. En realidad –afirman estas versiones de las que se hace eco el Ambito Financiero de hoy, la cúpula sindical pagó papa que los senadores introdujeran las 21 variantes que, finalmente, incluyó el proyecto. Pero la historia se complejiza un poco más; quienes sostienen esta versión, afirman –además– que hubo dos pagos: por un lado el “canje” que habrían hecho los senadores con el Poder Ejecutivo (cambiando votos por aportes para sus respectivas provincias) y, por otro, el pago de la central sindical para votar las modificatorias a la ley. Daer afirma que las versiones que incluyen a la CGT “oficial” en el pago de los sobornos son “una verdadera estupidez”.

Entre tanto, antes de iniciar su nuevo viaje, el presidente confirmó a todo su equipo y advirtió que no hay renuncias de ministros “porque no hay imputaciones”.

En los últimos días se llevaron a cabo varias consultas entre senadores del PJ y de la UCR buscando la manera de rechazar el pedido de desafuero que hiciera el juez que entiende en la causa; algunos sostienen que la inmunidad que gozan los legisladores es solamente de arresto, pero no de procesamiento, por lo cual no necesitarían ser desaforados. Otros parlamentarios sostienen que la respuesta a Liporaci debe darse desde lo político y no desde lo técnico.